Illa estudiará mantener la suspensión de los visados de la EPOC hasta la llegada de una vacuna

El portavoz de Sanidad por Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha puesto sobre la mesa la situación que viven los pacientes crónicos anticoagulados y con EPOC en España en contexto de pandemia. El escenario ha sido la Comisión de Sanidad del Congreso, donde el diputado ha pedido a Salvador Illa que se mantenga la situación de excepción que viven los visados “en tanto que no se tenga una vacuna que podamos dar por finalizada”.

En este sentido, Díaz ha defendido estos pacientes son especialmente vulnerables al virus de la COVID-19, “unos por cuestiones respiratorias y otros por trombos que ya se sabe que ocasionan”. La respuesta del titular de Sanidad ha sido escueta pero positiva, anunciando un “toma nota” y comprometiéndose a estudiar la propuesta, la cual ha sido calificada por el responsable como “sensata”.

Precisamente, hace unos días GM celebró un encuentro sobre el futuro de los ACOD en la era post-Covid. En él, sociedades científicas de cardiología (SEC) y Atención Primaria (Semergen) instaron al Gobierno central a seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid de levantar los visados. En él participó el parlamentario de la formación naranja, encargado de trasladar esta cuestión en el Congreso.

COVID-19 como enfermedad profesional

En otro orden de cosas, Illa se ha mostrado receptivo a considerar la eliminación de la temporalidad en el contagio por SARS-CoV-2 como enfermedad profesional. El hecho de que la enfermedad en sanitarios fuera valorada como accidente laboral perdió su vigencia con el fin del estado de alarma, algo que han puesto de relieve desde el Grupo Republicano. “Vamos a estudiarlo”, ha contestado el ministro.

“Al caer el RDL el contagio por coronavirus del personal sanitario ya no se considera accidente de trabajo a todos los efectos por parte de los servicios de prevención de las empresas”, ha explicado Francesc Xavier Eritja. Algo que ha dejado al colectivo desprotegido en un escenario de rebrote como el actual y por lo que los sindicatos reivindican una nueva regulación para dar la cobertura correspondiente.
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